La guerra justa como plan compilable

Resumen

Los criterios tradicionales de la guerra justa —intención subjetiva, discriminación entre combatientes y civiles, proporcionalidad— operan sobre una ontología estática del acto bélico. No interrogan la estructura causal que conecta la violencia con el efecto estratégico deseado. Este artículo propone una reorientación fundamental: la legitimidad de un acto de guerra es función de la transitabilidad de su cadena causal, no de la intención del agente ni del estatus de la víctima.

Introducimos la distinción entre dos regímenes de justificación. La guerra a‑propósito es aquella cuya cadena causal puede recorrerse paso a paso mediante concatenaciones verificables, con plazos acotados y respuestas por defecto. La guerra des‑propósito, por contraste, depende de un cierre interpretativo (closure) que delega la eficacia en la psicología del adversario sin condición de parada. Un plan que no puede ser compilado en una máquina de estados finitos con tiempo límite y respuesta por defecto es estructuralmente inválido: su estructura lógica es la del terrorismo, independientemente de la intención subjetiva.

Desarrollamos el torque adversarial como un protocolo ex‑ante de escrutinio iterativo que fuerza al planificador a explicitar las entradas verificables, acotar los plazos y definir respuestas por defecto. Mediante una analogía con el teorema de eliminación de cortes de Gentzen y la fábula del sastre y la zarza (tradición oral de Sanabria), mostramos que la legitimidad procedimental es la capacidad de un plan para sostenerse en su forma normal bajo presión crítica. La zona amarilla —donde los hiperónimos como “rendición” abren regresiones de definición— exige truncamientos provisionales explícitos y respuestas por defecto.

Aplicamos el marco a casos históricos (resistencia aliada, guerrilla española, Gengis Khan, ETA, 11‑M) y a tipos de objetivo controvertidos (infraestructura dual, eliminación de liderazgo, medios de comunicación, zonas residenciales). Concluimos que la guerra justa no es la que se hace con buenas intenciones, sino la que se hace con planes compilables que resisten el torque adversarial sin colapsar en conjuro. En un mundo donde los vecinos siempre están ahí y las armas pueden aniquilar civilizaciones, esta disciplina de la transitabilidad causal no es un lujo académico, sino una condición de supervivencia.

Palabras clave: guerra justa, terrorismo, torque adversarial, compilabilidad, condición de parada, eliminación de cortes, transitabilidad causal, legitimidad procedimental.

1. Introducción: El problema de la justificación estratégica y la brecha causal

1.1. Motivación: los límites de los criterios clásicos

La reflexión sobre la legitimidad de la guerra se ha articulado tradicionalmente en torno a dos grandes familias de criterios: el ius ad bellum (condiciones para entrar en guerra) y el ius in bello (condiciones para actuar en ella). En el marco del ius in bello, los principios de discriminación —distinguir entre combatientes y no combatientes— y proporcionalidad —evitar daños excesivos respecto de la ventaja militar concreta— han funcionado como los pilares normativos fundamentales. Su potencia es innegable: establecen límites que ninguna doctrina militar responsable puede ignorar.

Sin embargo, estos criterios operan sobre una ontología estática de los actos bélicos. Analizan el ataque como un evento cuyos efectos inmediatos (víctimas, destrucción) pueden ser evaluados en términos de intencionalidad y magnitud, pero no interrogan la estructura de la cadena causal que conecta la acción con el efecto estratégico que se pretende alcanzar. En otras palabras, la discriminación y la proporcionalidad se aplican una vez que ya se ha definido qué se ataca y por qué mas no someten a escrutinio la forma lógica de la justificación estratégica que vincula ese ataque con la victoria o la disuasión.

Esta omisión no es inocente. Deja sin examinar un aspecto central de la racionalidad práctica en la guerra: si la conexión entre la violencia ejercida y el fin perseguido es acotadamente escrutable o si, por el contrario, depende de un salto interpretativo que delega la eficacia en la psicología o la voluntad del adversario. Como intentaremos mostrar, esa diferencia es decisiva no solo para la eficacia militar, sino también para la legitimidad ética y jurídica de la acción.

Esta distinción, sin embargo, no debe ser entendida como una clasificación binaria de esencias —como si existieran “guerras a‑propósito” y “guerras des‑propósito” a mod de tipos puros y excluyentes. Frente a tal esencialismo, adoptamos una perspectiva gradual: la “guerra a‑propósito” funciona como un horizonte hacia el cual convergen las prácticas de planificación cuando se someten a un escrutinio crítico creciente, pero que nunca se alcanza en plenitud finita. La oposición relevante no es entre dos clases discretas, sino entre dos regímenes de justificación que definen un espectro. En un extremo, las cadenas causales se aproximan a la transitabilidad material, por el contrario, en el otro la justificación colapsa en “cierres” interpretativos cuya legitimidad es estructuralmente deficitaria. La tarea de la deliberación estratégica no es clasificar, sino recorrer ese espectro mediante preguntas que desmonten los supuestos frágiles y eliminen las justificaciones que dependen de un salto de fe en la interpretación ajena.

1.2. Diagnóstico: la dependencia de supuestos interpretativos no acotados procedimentalmente

En las justificaciones contemporáneas de ataques militares —particularmente en conflictos asimétricos, campañas de contrainsurgencia o intervenciones de alta intensidad— es frecuente encontrar una estructura argumentativa recurrente. Se describe un objetivo (un líder enemigo, una infraestructura dual, un centro de comunicaciones) y se afirma que su eliminación producirá un efecto estratégico deseado: quebrar la moral del adversario, generar presión política sobre su gobierno, disuadir futuras agresiones o inducir un cambio de comportamiento colectivo.

El problema no es que estos efectos sean irreales. Pueden ocurrir. Lo que resulta problemático es que la conexión entre la acción y el efecto no se apoya en una cadena causal material y rastreable, sino en un conjunto de supuestos sobre cómo el adversario interpretará la violencia. El planificador espera que la muerte de un comandante enviará un mensaje que quebrará la voluntad del enemigo; que el sufrimiento de la población presionará al gobierno para que negocie; que la destrucción de un medio de comunicación silenciará una narrativa y cambiará creencias.

Estos supuestos comparten una característica común: introducen un hiato entre el daño causado y el efecto deseado. Para que el efecto se produzca, no basta con la fuerza de la acción, antes bien, es necesario que el adversario realice un acto de interpretación —que comprenda el mensaje, que se desmoralice, que ceda a la presión—. Y esa interpretación no es controlable por el planificador ni escrutable antes de la ejecución. Se convierte así en un salto de fe estratégico, un lugar donde la razón causal cede paso a lo que podríamos llamar, siguiendo una metáfora antropológica, magia simpática: la creencia de que actuar sobre un objeto (o grupo) produce por simpatía una transformación en otro.

Este diagnóstico no es nuevo en la teoría estratégica. Clausewitz ya advertía contra la ilusión de “guerras cortas y decisivas” basadas en la creencia de que un golpe aniquilador quebrará la voluntad enemiga. Pero lo que aquí se señala es algo más estructural: no solo un error de cálculo empírico, sino un vicio lógico en la forma de la justificación. Cuando el éxito de un plan depende de cómo el adversario interprete la violencia, el plan ha abandonado el terreno de la causalidad rastreable para internarse en el de la suposición hermenéutica.

1.3. Tesis central: legitimidad como transitabilidad causal

Frente a este diagnóstico, proponemos una reorientación del criterio de legitimidad. En lugar de preguntar únicamente por la intencionalidad del agente o por la proporción entre daños colaterales y ventaja militar, proponemos interrogar la estructura de la cadena causal que subyace a la justificación del ataque.

Nuestra tesis central puede formularse del siguiente modo:

Un acto de guerra es legítimo solo si su justificación no requiere un cierre (closure) interpretativo entre el daño causado y el efecto estratégico deseado. La legitimidad es función de la transitabilidad de la cadena causal, no solo de la intención subjetiva del agente.

La noción de cierre (closure) la tomamos de la teoría del cómic de Scott McCloud, donde designa el fenómeno psicológico mediante el cual el espectador “completa” mentalmente lo que solo está sugerido, transformando dos imágenes separadas en una única idea. Al trasladar esta noción al dominio de la estrategia, identificamos el cierre como la operación mediante la cual el planificador salta, sin eslabones materiales, desde la violencia ejercida hasta el efecto político o militar esperado, confiando en que el adversario “completará” el sentido del ataque de la manera prevista.

Frente a este régimen de justificación por cierre, contrapondremos el de la guerra a‑propósito: aquella en que la cadena causal entre la acción y la ventaja militar es concatenable paso a paso, procedimentalmente rastreable en términos acotados y no dependiente de la interpretación ajena. En tal régimen, la legitimidad se apoya en la transitabilidad demostrable de los eslabones causales, y no en la esperanza de que la violencia sea interpretada favorablemente.

1.4. Estructura del argumento

Para desarrollar y defender esta tesis, el artículo procederá en cinco movimientos.

En primer lugar (sección 2), estableceremos con precisión la distinción entre dos regímenes de justificación estratégica: la guerra a‑propósito (causalidad cinemática, cadena material procedimentalmente rastreable) y la guerra des‑propósito (hiato causal que depende de un cierre interpretativo). Mostraremos cómo esta distinción permite diagnosticar un déficit estructural en muchas justificaciones contemporáneas de ataques militares.

En segundo lugar (sección 3), analizaremos el concepto de “cierre” como forma lógica del terrorismo. Argumentaremos que un acto de violencia política se aproxima estructuralmente al terrorismo cuando su eficacia depende de que un tercero interprete el daño de un modo determinado, no de que el daño produzca un efecto material directo. Este análisis nos permitirá desplazar la definición del terrorismo desde criterios subjetivos o de selección de víctimas hacia un criterio estructural: la presencia de un hiato causal no escrutable.

En tercer lugar (sección 4), propondremos un protocolo de evaluación ex‑ante que llamaremos torque adversarial. Se trata de un procedimiento iterativo de sometimiento de los planes militares a preguntas críticas que exponen sus supuestos causales y exigen la explicitación de eslabones materiales. Desarrollaremos dos preguntas de torque fundamentales —la pregunta de degradación material y la pregunta de dependencia interpretativa— y construiremos una matriz de detección de “magia simpática” por tipo de objetivo. Estableceremos además una gradualidad de zonas (verde, amarilla, roja) que permitan umbrales de decisión proporcionados al riesgo de cierre.

En cuarto lugar (sección 5), redefiniremos la noción de legitimidad en términos de transitabilidad causal demostrable. Contrastaremos este enfoque con la tradición centrada en la intención subjetiva y la proporcionalidad, y argumentaremos que la responsabilidad del planificador debe extenderse a la forma lógica de su plan, no solo a sus consecuencias previsibles.

Finalmente (sección 6), aplicaremos el marco a casos concretos —infraestructura dual, eliminación de liderazgo, medios de comunicación, zonas residenciales— para ilustrar su capacidad de discriminación estructural, y responderemos a las objeciones más frecuentes contra el enfoque propuesto. Concluiremos con una reflexión sobre las implicaciones filosóficas y políticas de este enfoque, en particular sobre la superación de la dicotomía humeana entre hechos y valores en el dominio de la estrategia.

Con este itinerario, aspiramos a mostrar que la legitimidad de la guerra no es solo una cuestión de intenciones nobles o de cálculos de daños, sino una cuestión de arquitectura causal: de si el plan resiste la prueba de no depender de un cierre interpretativo. En caso contrario, su estructura lógica lo aproxima al terrorismo, independientemente de la intención subjetiva de sus autores.

2. Dos regímenes de justificación estratégica

2.1. Guerra a‑propósito: causalidad cinemática

Llamamos guerra a‑propósito a aquella en que la relación entre la acción militar y el efecto estratégico buscado se aproxima a una cadena de eslabones materiales que pueden ser recorridos paso a paso. Pero esta definición debe ser entendida con cuidado, so pena de caer en el dogmatismo empírico que la tradición kantiana —y su idea de un experimentum crucis que otorgaría carta de naturaleza a un concepto— no pudo superar. Sabemos por Quine que la evidencia sensorial nunca determina unívocamente la teoría: entre los datos y la hipótesis causal media siempre un espacio de subdeterminación. Wittgenstein lo mostró con su célebre objeción a la definición ostensiva: señalar dos nueces mientras se dice “esto se llama dos” no fija el significado de “dos”, porque la ostensión es inherentemente ambigua. La experiencia, por sí sola, nunca clausura la interpretación.

Si trasladamos esta lección a la estrategia, ningún plan puede pretender una “verificación empírica” completa de sus eslabones causales antes de ejecutarse. La guerra a‑propósito no es, en consecuencia, el nombre de una certeza alcanzada, sino la designación de un régimen de justificación epistemológica que opera bajo una lógica precisa: la de transformar la ausencia de evidencia de fallo en evidencia de ausencia de fallo mediante un procedimiento iterativo de aproximación. Es decir, no se trata de señalar ostensivamente la cadena causal completa —algo que la estructura misma del conocimiento nos niega—, sino de reducir progresivamente la zona de incertidumbre (el ancho de banda de lo que puede salir mal) mediante un escrutinio crítico que vaya eliminando las explicaciones alternativas y los supuestos frágiles.

Este régimen corresponde a lo que denominamos causalidad cinemática, en analogía con el cine pues así como en una secuencia fílmica cada movimiento está materializado y su aprehensión solo requiere un esfuerzo perceptivo, en la guerra a‑propósito la cadena causal se aproxima a una concatenación donde cada eslabón puede ser sometido a escrutinio y donde los saltos interpretativos se van eliminando mediante iteraciones críticas. Pero a diferencia del cine —donde la secuencia es completa y dada— aquí el trabajo de aproximación es asintótico: se trata de jugar en el continuo, no de poseer un número ganador ostensible. Lo relevante es que se pueda reducir la zona de incertidumbre y la opción elegida sea aquella cuya concatenación pueda encadenarse paso a paso —física, institucional o comunicativamente—, frente a aquellas otras que requirieran un salto de fe en la interpretación ajena sin un modelo procedimentalmente rastreable de cómo esa interpretación genera el efecto, vale decir, sin concatenación y por tanto sin contención focal para el estratega.

Tres características orientan este régimen, aunque ninguna opera como una propiedad esencial alcanzada de una vez por todas. 

• Primera, la cadena causal tiende a ser corta: se evita acumular eslabones que dependan de factores humanos no controlables. 

• Segunda, los eslabones tienden a ser concatenables paso a paso: degradación de capacidades, interrupción de flujos materiales, eliminación de nodos de mando identificables. 

• Tercera, la trazabilidad causal tiende a ser intersubjetiva: un observador independiente podría, en principio, confirmar que la acción producirá el efecto descrito pero porque el escrutinio ha reducido la zona de incertidumbre hasta hacerla operativamente irrelevante.

Un ejemplo paradigmático es la destrucción de un nodo de comunicaciones enemigo que alimenta una red de mando táctico. El planificador puede mostrar que la pérdida de ese nodo reduce la capacidad de coordinación en un sector determinado, que esa reducción se traduce en una ventaja operativa procedimentalmente rastreable (por ejemplo, la imposibilidad de concentrar fuego de artillería en un punto crítico), y que cada paso puede ser sometido a escrutinio: inteligencia de señales confirma la dependencia funcional, imágenes satelitales rastrean la degradación posterior, reconocimiento sobre el terreno valida la ventaja táctica. Una vez más: no se trata de certeza absoluta —siempre cabe la posibilidad de que el adversario haya desplegado un sistema alternativo no detectado—, sino de convergencia: la ausencia persistente de evidencia que contradiga la cadena, bajo búsqueda rigurosa, constituye evidencia suficiente para actuar. La zona de incertidumbre se ha reducido hasta el punto en que la única opción coherente es la que transita por la concatenación explicitada.

Esta epistemología de la convergencia es lo que distingue a la guerra a‑propósito de su opuesto. No la pretensión de una certeza imposible, sino la institucionalización del escrutinio crítico como mecanismo para achicar la zona de incertidumbre y hacer que lo relevante sea atendido, en lugar de rogar por la venida de un deux ex machina interpretativo. La legitimidad no se funda en haber alcanzado el límite, sino en haber recorrido el espectro hasta que la única trayectoria que queda en pie sea la de la transitabilidad causal.

Esta manera de entender la guerra a‑propósito tiene una consecuencia decisiva: la distinción entre ambos regímenes no es ontológica (no pregunta “¿esto ES a‑propósito o des‑propósito?”) sino procedimental. Pregunta: ¿cuántas iteraciones de escrutinio adversarial puede soportar la cadena causal antes de colapsar en un cierre interpretativo? La transitabilidad no es una propiedad metafísica del plan, sino una performance bajo interrogatorio.

Análogamente a cómo en física se calcula la atracción gravitatoria sobre un cuerpo truncando la contribución de la masa del universo más allá de una zona de perturbación relevante —obteniendo un valor funcionalmente idéntico al que exigiría una computación completa e imposible—, la legitimidad estratégica se funda en la capacidad de construir un modelo truncado de la cadena causal cuyos cierres residuales sean operativamente despreciables. Si al someter el plan a preguntas sucesivas (¿qué capacidad física se degrada? ¿depende el efecto de cómo el adversario interprete el daño?) los cierres se vuelven asintóticamente irrelevantes, la acción se aproxima al horizonte a‑propósito. Si, por el contrario, cada iteración del escrutinio abre nuevos cierres sin cerrarlos —la serie causal diverge—, el plan carece de legitimidad procedimental: es estructuralmente indistinguible de un acto de fe.

2.2. Guerra des‑propósito: el hiato causal y la convergencia fallida

En el extremo opuesto del espectro se sitúa la guerra des‑propósito, donde entre la acción y el efecto deseado media un hiato causal que solo puede ser salvado por un acto de interpretación atribuido al adversario. El planificador no puede mostrar que la acción produce directamente el efecto, aún más, debe confiar en que el enemigo entenderá el mensaje, se desmoralizará, cederá a la presión, reconsiderará su cálculo de costos o cambiará su voluntad de lucha. En todos estos casos, la eficacia de la violencia está delegada en la psicología ajena.

Tres características orientan este régimen, entendidas como tendencias en un espectro, no como esencias discretas. Primera, dependencia de la psicología ajena: el éxito no se apoya en la robustez de una cadena procedimentalmente rastreable, sino en cómo el adversario procese simbólicamente el daño. Segunda, no trazabilidad ex‑ante: no hay manera de confirmar antes de ejecutar que la interpretación esperada ocurrirá, y la reducción de la zona de incertidumbre es aquí problemática porque el eslabón crítico es hermenéutico, vale decir, no concatenable mediante modelos truncables. Tercera, estructura de magia simpática: se opera sobre un objeto o grupo (por ejemplo, una zona residencial) con la convicción de que esa acción producirá, por simpatía o analogía, un efecto en otro (el gobierno, la opinión pública, el liderazgo enemigo) que no está conectado por ningún eslabón cuya articulación pueda ser explicitada y sometida a escrutinio iterativo.

Un ejemplo paradigmático es el bombardeo de zonas civiles con la expectativa de que el sufrimiento colectivo presionará al gobierno enemigo a negociar. La cadena causal aquí es: bombardeo → muerte de civiles → (interpretación del gobierno) → cálculo de costos políticos → decisión de negociar. Cada flecha después del primer eslabón introduce una variable no controlable. El gobierno puede no interpretar el sufrimiento como presión, puede interpretarlo como motivo para radicalizarse, o puede no tener capacidad política para negociar aunque quisiera. La justificación colapsa sin un cierre que el planificador debe completar mentalmente, atribuyendo al adversario una reacción que no está inscrita en la concatenación procedimentalmente rastreable.

La diferencia crucial con el régimen a‑propósito no es de esencia, sino de comportamiento bajo presión. Si sometemos una justificación a iteraciones sucesivas de escrutinio (preguntando una y otra vez: ¿cómo se conecta exactamente este eslabón con el siguiente? ¿qué evidencia tendríamos de que la interpretación esperada ocurrirá?), en el régimen a‑propósito los cierres residuales se vuelven asintóticamente despreciables: la serie causal converge hacia una zona de transitabilidad operativamente suficiente. En el régimen des‑propósito, en cambio, cada iteración del escrutinio abre nuevos cierres o profundiza los existentes: la serie diverge. El plan no se vuelve más preciso bajo presión, todo lo contrario, se deshace en conjeturas psicológicas.

La noción de cierre (closure), tomada de la teoría del cómic de Scott McCloud, ilumina esta estructura. En el cómic, el cierre es la operación mediante la cual el lector completa mentalmente lo que solo está sugerido entre dos viñetas, transformando imágenes separadas en una secuencia continua. En la estrategia, el cierre es el salto inferencial que pretende conectar violencia y efecto político sin una concatenación explicitable. La diferencia es que en el cómic el cierre es constitutivo del medio y está bajo control del lector mas en la guerra des‑propósito, el planificador delega el éxito en la interpretación ajena, perdiendo el control sobre el cierre y quedando a merced de un actor hostil que no coopera en la construcción del sentido.

Un plan que depende del cierre es estructuralmente defectuoso. Su defecto no es meramente empírico (puede funcionar a veces) sino lógico‑procedimental: no puede superar un escrutinio adversarial creciente sin refugiarse en un salto de fe. Ha renunciado a la transitabilidad como condición de su propia racionalidad. Y, lo que es más importante, ha renunciado también a la posibilidad de reducir su zona de incertidumbre mediante preguntas iterativas, porque el eslabón crítico —la interpretación del adversario— es por principio refractario a la evaluabilidad intersubjetiva.

Esta tesis no niega que los factores psicológicos o interpretativos existan en la guerra. La desmoralización enemiga es real, la presión política puede funcionar, los mensajes simbólicos tienen efectos. Lo que se afirma es que, cuando la justificación de un ataque depende de que esos factores ocurran de un modo específico y no procedimentalmente rastreable, la estructura de la justificación se ha vuelto frágil en un sentido que trasciende la mera incertidumbre operativa. La pregunta no es si hay cierre —el holismo semántico nos enseña que siempre lo hay—, sino si el cierre puede ser compilado en una máquina de estados finitos con condición de parada, o si, por el contrario, la cadena causal diverge bajo escrutinio, en breve: La pregunta no es si hay cierre, sino si el plan es compilable.

En el régimen a‑propósito, cada eslabón funciona como un token sometible a escrutinio que desbloquea la transición al siguiente paso en una máquina de estados acotada: si el token no llega, salta la respuesta por defecto pero si el plazo expira, se activa la “parada”. No hay espera indefinida a que el adversario “complete el sentido”. La lógica es análoga a la de un compilador: no elimina la intencionalidad del “programador” (el estratega), pero la traduce a un formato ejecutable que no queda a merced de supuestos no declarados. Si un eslabón depende de una interpretación no sometible a escrutinio, el “compilador estratégico” falla en tiempo de diseño, no en tiempo de ejecución. No se cuelga esperando que el entorno adivine el sentido; rechaza el plan por divergencia. Una vez compilado, la intencionalidad ajena no desaparece, pero su peso causal se vuelve operativamente irrelevante: el plan ya ha previsto su ausencia, su distorsión o su retraso, y dispone de una transición por defecto o un aborto controlado. c

En el régimen des‑propósito, en cambio, el cierre no converge bajo escrutinio, aún más, diverge. Y esa divergencia es el sello estructural del plan que, por más que se disfrace de estrategia, opera entonces como un conjuro.

En la siguiente sección mostraremos cómo esta estructura de cierre divergente define también la lógica del terrorismo, y por qué la distinción entre ambos regímenes de justificación permite diagnosticar una continuidad estructural allí donde la tradición solo veía diferencias de intencionalidad o de selección de víctimas.

2.3. La condición de parada: el sastre, la zarza y la luz del alba

Hemos definido la guerra a‑propósito como aquella cuya cadena causal puede recorrerse paso a paso mediante concatenaciones procedimentalmente rastreables. El régimen des‑propósito, por contraste, introduce un hiato que solo puede salvarse mediante un acto de interpretación atribuido al adversario. Esta caracterización, sin embargo, podría dar la impresión de que exigimos una certeza empírica imposible o un falsacionismo ingenuo (esperar a que la realidad refute el plan). No es así. El criterio operativo no es la ausencia de interpretación —el holismo semántico nos enseña que toda percepción está interpretada—, sino la presencia de una condición de parada que evite que el planificador se quede en un bucle indefinido, esperando que el adversario complete el sentido de la violencia.

Una fábula de la tradición oral de Sanabria (Zamora) ilustra el problema con claridad. Un sastre volvía tarde a su pueblo. Al pasar junto a una pared o al borde de un cementerio, sintió un tirón seco en la chaqueta. Aterrorizado, convencido de que un ánima o un ladrón le tenía sujeto, sacó sus tijeras de oficio y se pasó toda la noche gritando: “¡Suéltame o te pincho!”, “¡Suéltame o te pincho!”. Al salir el sol, muerto de frío y de sueño, descubrió que no había ningún fantasma: se había enganchado con una zarza que crecía junto al camino.

El sastre carecía de condición de parada. Su amenaza no le proporcionaba ningún procedimiento para saber si el enganche era real o imaginario, si la resistencia provenía de un adversario o de una planta. No tenía un horizonte temporal acotado (gritó toda la noche sin preguntarse cuánto debía esperar), ni una respuesta por defecto más allá de seguir amenazando. Su acción era un bucle infinito: amenaza, espera, amenaza, espera. Solo la luz del alba, una contingencia exterior a su plan, le reveló que había estado amenazando a una zarza. Si la noche hubiera durado eternamente, él habría seguido gritando para siempre.

Esta estructura de bucle sin salida es la que define al régimen des‑propósito. Un plan que no puede especificar, antes de ejecutarse, cuándo debe considerar que ha fracasado y qué hacer entonces está condenado a la espera indefinida de una interpretación ajena. Su cadena causal, agarrada a una zarza ardiente, se disuelve en un acto de fe.

Frente a ello, el concepto de compilabilidad ofrece un criterio operativo. Un plan es compilable cuando puede traducirse a una máquina de estados finitos con tres componentes claros: 

1. concatenaciones procedimentalmente rastreables (eslabones que la máquina reconoce sin apelar a la psicología profunda del adversario)
2. un tiempo límite para cada espera (la “luz del alba” incorporada al programa)
3. una respuesta por defecto para cuando la entrada esperada no llega en ese plazo.

El ladrón que enfunda una pistola y dice “la cartera o la vida” es compilable. Su máquina de estados reconoce tres entradas posibles: la víctima entrega la cartera, huye o forcejea. El tiempo límite es de segundos (no horas). La respuesta por defecto, si no hay entrega en ese plazo, es ejecutar la violencia o huir. El ladrón no necesita saber si la víctima es miedosa, valiente o un “bartleby” que se niega a actuar. El plan está cerrado. La interpretación ajena es irrelevante para su funcionamiento.

Gengis Khan, cuando arrasaba una ciudad y amenazaba a la siguiente con sus tropas ya en las puertas, también operaba con un plan compilable. La llegada de su ejército era la luz del alba: la ciudad debía rendirse inmediatamente o no habría rendición posible. El tiempo límite era el tiempo que tardaban sus tropas en preparar el asedio. La respuesta por defecto, si no llegaba la rendición, era el asalto. No se quedaba esperando a que los sitiados interpretaran su mensaje durante meses.

Por el contrario, los atentados en España de ETA contra concejales o el 11‑M no eran compilables. ¿Cuál era el tiempo límite? ¿Cuántos concejales asesinados debían pasar para saber si la estrategia había fracasado o simplemente necesitaba más violencia? ¿Cuál era la respuesta por defecto cuando no llegaba la rendición del Estado? No había especificación. El planificador se parecía al sastre: amenazaba y esperaba, y amenazaba y esperaba, sin poder distinguir entre la resistencia real y una zarza a la que se había enganchado. La luz del alba no estaba en el programa.

Sus matanzas eran un des-propósito.

No se trata de exigir una certeza empírica imposible. La inescrutabilidad de la referencia (Quine) nos asegura que nunca podremos eliminar por completo la interpretación. Pero la compilabilidad no exige eliminarla. Exige acotarla. Un plan compilable no necesita conocer la mente del adversario, antes bien, necesita que la cadena causal pueda ser truncada en un tiempo límite y que exista una respuesta por defecto ante la ausencia de la entrada esperada. Donde tal compilación es posible, el plan se aproxima al polo a‑propósito. Donde no es posible —porque la eficacia depende de que el adversario interprete la violencia de un modo específico que no puede ser sometido a plazo ni a respuesta por defecto—, el plan cae en el régimen del des‑propósito.

Esta es la Luz del Alba que el sastre no tenía y que todo plan estratégico debe incorporar si quiere ser evaluable antes de ejecutarse. Sin ella, la violencia no es estrategia, sino un conjuro lanzado a la espera de que la magia simpática del adversario complete el sentido que el ejecutor no pudo cerrar por sí mismo.

Sección 3. El terrorismo como estructura de cierre divergente

La distinción entre regímenes a‑propósito y des‑propósito no opera en un solo plano. El espectro describe la topología de la justificación causal: un continuo donde la incertidumbre se reduce o se amplía bajo escrutinio iterativo. La compilabilidad y la condición de parada, en cambio, son criterios de truncamiento operativo que permiten actuar en tiempo finito sin confundir convergencia epistémica con certidumbre absoluta. Es crucial precisar que la compilabilidad no confiere legitimidad a perpetuidad: salva al plan del des‑propósito en el momento de la decisión, pero no lo inmuniza contra la fricción ejecutiva. Permanecer en el carril procedimental no garantiza el destino, solo mantiene abierta la posibilidad de corrección mas salirse de él, en cambio, colapsa la cadena en cierre interpretativo inmediato. La criba no es discrecional porque no depende del juicio subjetivo, sino de la capacidad del protocolo de explicitar eslabones, acotar plazos y definir respuestas por defecto. Donde el el escrutinio iterativo muestra que la serie de cierres diverge o no admite condición de parada, el umbral operativo se cierra. Donde converge dentro de márgenes tolerables, la acción se habilita —y su legitimidad seguirá siendo función de su capacidad para mantener la transitabilidad bajo el fuego de la realidad.

3.1. Definición estructural de terrorismo

Con el marco de la compilabilidad y la condición de parada sobre la mesa, podemos responder a una pregunta que la tradición sobre la guerra justa ha respondido siempre con insatisfacción: ¿qué es el terrorismo? No una intención malvada (los movimientos de liberación han matado civiles con la conciencia tranquila). No la selección de víctimas civiles como objetivo principal (los bombardeos de saturación aliados en la Segunda Guerra Mundial también lo hicieron). No la causa política (la resistencia contra la ocupación nazi o contra Napoleón invocaba causas justas). La diferencia relevante es estructural y se deja ver con claridad cuando sometemos la justificación de la violencia al test de convergencia bajo el escrutinio iterativo (o como veremos más tarde: torque adversarial).

Un acto se aproxima estructuralmente al terrorismo cuando su plan de acción no puede ser compilado en una máquina de estados finitos con condición de parada. Es decir, cuando para sostener la conexión entre la violencia ejercida y el efecto estratégico deseado el planificador necesita apelar a la interpretación del adversario de un modo que no admite un horizonte temporal acotado ni una respuesta por defecto. En tales casos, la serie de cierres interpretativos diverge: cada iteración del escrutinio abre nuevas incertidumbres en lugar de cerrarlas, y el plan se parece al sastre que grita toda la noche sin saber si su amenaza se dirige a un enemigo o a una zarza.

Examinemos esta definición con los casos históricos que suelen invocarse para embarrar el término “terrorismo”.

• La resistencia aliada contra la ocupación nazi. Sus acciones incluyeron sabotaje de vías férreas, descarrilamientos de trenes militares, asesinatos de oficiales en cafés y, en ocasiones, atentados que causaron víctimas civiles. ¿Son todas ellas estructuralmente terroristas? El marco responde: depende de la cadena causal que las justifique. Un sabotaje a una locomotora o la voladura de un puente usado por tropas es claramente compilable. El efecto buscado es la degradación de la capacidad logística del ocupante. El planificador puede especificar un tiempo límite (el puente caerá en el momento de la voladura) y una respuesta por defecto (si la voladura falla, se abandona o se intenta de nuevo con otro método). No necesita confiar en que el alemán interprete la voladura como una amenaza psicológica. La acción no es terrorista por su estructura.
• Sin embargo, el asesinato de un oficial en un café concurrido, cuando la justificación invoca “enviar un mensaje de que la ocupación no es segura”, es otra historia. ¿Cuál es la condición de parada? ¿Cuántos oficiales deben morir para que el ocupante “entienda” el mensaje y modifique su conducta? ¿Cuál es la respuesta por defecto si el mensaje no es interpretado como se esperaba? El marco no condena automáticamente tales acciones, pero exige que el planificador muestre que la cadena causal es compilable. Si no puede, la acción se aproxima estructuralmente al terrorismo, independientemente de la justicia de la causa. La legitimidad de la resistencia no se transfiere automáticamente a todos sus métodos.
• La insurgencia española contra Napoleón (1808-1814). La guerra de guerrillas incluyó acciones que hoy consideraríamos de guerra regular (emboscadas a convoyes, hostigamiento de la retaguardia) y otras que se asemejan al terrorismo moderno (asesinato de colaboradores civiles, quema de cosechas para disuadir a la población de suministrar al ejército francés). Las primeras son compilables: la emboscada tiene un objetivo material (reducir efectivos, capturar suministros), un tiempo límite (la duración del combate) y una respuesta por defecto (retirada si la relación de fuerzas es desfavorable). Las segundas, en cambio, presentan dificultades. El asesinato de un colaborador busca generar miedo en otros para que dejen de cooperar. ¿Cuántos colaboradores deben morir para que el efecto disuasorio se alcance? ¿Cuánto tiempo debe esperarse? ¿Qué hacer si la población, lejos de atemorizarse, se radicaliza contra la guerrilla? Si el planificador no puede responder a estas preguntas con un protocolo acotado, su acción cae en el régimen des‑propósito. El marco dice que su estructura lógica es la misma que la del terrorismo.
• ETA y el 11‑M. Estos son los casos más claros de des‑propósito puro. ETA asesinaba concejales del Partido Popular. ¿Cuál era el efecto estratégico? No la degradación de la capacidad administrativa del Estado (los concejales eran reemplazables en horas). El efecto supuesto era “enviar un mensaje” a los “maquetos invasores” de que el País Vasco no era seguro para los representantes del Estado. ¿Cuántos concejales debían morir para que el mensaje fuera interpretado correctamente? ¿Cuántos años debía esperarse? No había respuesta. El plan era un bucle infinito: amenaza, espera, amenaza, espera. Al‑Qaeda con el 11‑M pretendía que la masacre de civiles en los trenes de Madrid forzara al gobierno español a retirar sus tropas de Irak. ¿Cuál era el tiempo límite? ¿Cuántas víctimas más serían necesarias si el gobierno no se retiraba? ¿Qué respuesta por defecto estaba prevista? La organización terrorista no podía compilar su plan. Se parecía al sastre: amenazaba a una zarza (un gobierno que no iba a rendirse ante la violencia indiscriminada) y se quedaba esperando que la interpretación ajena completara el milagro.

Esta definición estructural tiene una ventaja decisiva sobre las definiciones tradicionales. No excluye automáticamente a los movimientos de resistencia ni legitima automáticamente a los Estados. Permite discriminar acción por acción, cadena por cadena. Un sabotaje de la resistencia francesa puede ser a‑propósito mientras que el asesinato de un oficial en el mismo contexto puede ser des‑propósito. El marco no etiqueta organizaciones enteras como “terroristas” sino que etiqueta tipos de justificación causal. Y esa precisión es precisamente lo que necesita el derecho internacional humanitario cuando se enfrenta a conflictos asimétricos donde las partes llaman “resistencia” a lo que la otra parte llama “terrorismo”.

El terrorismo, así definido, es un fallo de compilación. 

Es la incapacidad de traducir un plan a una máquina de estados finitos con condición de parada. Es la decisión de confiar en que el adversario completará el sentido de la violencia, en lugar de garantizar que la cadena causal pueda ser recorrida paso a paso sin apelar a su psicología profunda. Quien opera en este régimen no es necesariamente un monstruo moral. Pero sí es alguien que ha renunciado a la única forma de racionalidad estratégica que puede ser evaluada antes de que la sangre haya sido derramada: la transitabilidad demostrable bajo escrutinio iterativo.

Esta renuncia tiene una consecuencia política de largo alcance, especialmente en un mundo donde los vecinos siempre están ahí. Si la guerra es, como enseñó Clausewitz, la continuación de la política por otros medios, entonces la paz volverá, y con ella la política y, por tanto, la justicia. La violencia no es un fin, sino un paréntesis. Quien construye su estrategia sobre un cierre divergente —sobre la espera indefinida de que el adversario interprete el mensaje— no solo corre el riesgo de fracasar tácticamente, sino que clausura la posibilidad de restaurar la racionalidad compartida cuando el combate cese. Un plan que no admite condición de parada es un plan que no sabe cómo volver a la mesa de negociación. Por el contrario, incluso en el clímax de la violencia, mantener abierta la puerta a la convergencia causal —a la concatenación escrutable que cualquiera pueda recorrer— es también mantener abierta la puerta a la paz. Porque la paz no es un milagro: es la capacidad de dos adversarios de reconocer que sus cadenas causales pueden truncarse sin que ninguno tenga que rendirse por un salto de fe. En un mundo nuclear, donde el “todo o nada” amenaza con la aniquilación mutua, eso empieza a ser no solo una virtud ética, sino una condición de supervivencia.

Sección 4. Torque adversarial como protocolo ex‑ante

Hasta ahora hemos caracterizado dos regímenes de justificación estratégica —a‑propósito y des‑propósito— y hemos propuesto la compilabilidad y la condición de parada como criterios para distinguirlos. Falta, sin embargo, un procedimiento operativo que permita a un planificador someter su propio plan a escrutinio antes de ejecutarlo. Ese procedimiento es lo que denominamos torque adversarial.

El término “torque” evoca una fuerza de torsión aplicada a un objeto. En nuestro contexto, el torque adversarial es la aplicación iterativa y creciente de presión crítica sobre la cadena causal de un plan.

Pero cuidado: no se trata de esperar a que la realidad refute el plan (falsacionismo ingenuo), ni de postular un acceso directo a hechos brutos libres de interpretación (empirismo dogmático). El holismo semántico nos ha enseñado que no hay hechos sin interpretación, y no somos negacionistas de la intencionalidad. El problema no es que la intencionalidad ajena exista, sino que un plan dependa de ella de un modo no acotable. La solución no es eliminar la interpretación —imposible—, sino compilarla en un formato ejecutable.

La analogía decisiva es la del compilador en informática. Un compilador no ejecuta el programa, sino que realiza un análisis estático: valida que todas las dependencias estén resueltas, que los tipos coincidan, que las funciones llamadas existan. Si el programa contiene una referencia a una variable no definida, el compilador rechaza la compilación en tiempo de diseño, no espera a que el programa se ejecute y falle. Del mismo modo, el torque adversarial somete el plan estratégico a una evaluación semántica previa: examina si cada eslabón causal tiene una entrada escrutable, si los plazos están acotados, si existe una respuesta por defecto cuando la entrada no llega. Si un eslabón delega su eficacia en una interpretación ajena no acotada —en una variable no definida—, el sistema falla en tiempo de compilación. No se queda colgado esperando al "bartleby" que nunca responde.

La intencionalidad del adversario no desaparece. Pero su peso causal se vuelve operativamente irrelevante porque el plan ya ha previsto su ausencia, su distorsión o su retraso. El plan compilado no necesita que el enemigo interprete correctamente el mensaje, estrictamente, solo necesita que, si la interpretación esperada no ocurre en el plazo fijado, se active una respuesta por defecto. Esa respuesta puede ser abandonar, escalar o reinterpretar. Pero no es esperar indefinidamente a que la luz del alba llegue por sí sola. La luz del alba debe estar ya en el plan como condición de parada.

El torque adversarial, por tanto, no es un detector de esencias morales ni un sucedáneo del empirismo ingenuo. Es un protocolo de compilación estratégica. Sus preguntas no buscan eliminar toda interpretación, sino acotarla hasta que los cierres residuales sean operativamente despreciables. Cuando un plan supera estas pruebas, no se declara “verdadero” o “moralmente puro”. Se declara compilable: listo para ser ejecutado en un mundo donde la interpretación ajena puede fallar, pero esa falla ya está contemplada.

A continuación desglosamos las dos preguntas fundamentales que articulan este protocolo.

4.1. Primera pregunta de torque: ¿cuál es la entrada escrutable?

El torque adversarial comienza con una pregunta que parece simple pero es exigente: ¿Qué entrada concreta espera el plan para considerar que un eslabón se ha completado? No se pide una certeza empírica absoluta, sino la especificación de un estado observable cuya presencia o ausencia pueda ser determinada en un plazo acotado.

Esa entrada no tiene que ser física en un sentido reduccionista. Puede ser conductual, comunicativa o incluso psicológica, siempre que pueda ser operativamente acotada. Un ejemplo: “el adversario iza una bandera blanca” es una entrada escrutable, aunque su contenido sea simbólico. Otro: “la ciudad B se rinde en el plazo de un día tras ver humo y cadáveres en A” puede ser compilable si se especifica qué se entiende por “rendirse” y cuál es el plazo. Lo que el compilador rechaza no es la presencia de simbolismo, sino la dependencia no acotada de una interpretación ajena.

La pregunta “¿envía un mensaje?” no está prohibida. Lo que se exige es que el mensaje tenga una traducción operativa. Decir “la masacre de A enviará un mensaje de terror a B” no es compilable si no se especifica: ¿cuánto tiempo debe esperarse para que el mensaje surta efecto? ¿cómo se mide que ha sido recibido e interpretado? ¿qué se hace si B no se rinde en ese plazo? Si el plan responde “esperaremos indefinidamente hasta que B se rinda”, entonces la entrada no está acotada y el compilador rechaza el plan.

4.2. Segunda pregunta de torque: ¿la cadena converge bajo iteración?

La segunda pregunta no es binaria, sino una prueba de estrés: Si sometemos cada eslabón a iteraciones sucesivas de escrutinio, ¿la incertidumbre se reduce o se amplía? En otras palabras, preguntamos por la tasa de convergencia de la cadena causal.

Un plan compilable es aquel en el que, tras dos o tres iteraciones de preguntas (¿qué entrada esperas? ¿en qué plazo? ¿qué haces si no llega?), la zona de incertidumbre se ha reducido hasta un nivel operativamente tolerable. Las respuestas se vuelven más concretas, los plazos más ajustados, las respuestas por defecto más claras. La serie converge.

Un plan no compilable es aquel en el que cada respuesta abre dos nuevas preguntas. Ejemplo:

P: ¿Qué esperas que ocurra tras matar al concejal?

R: Que el miedo cunda entre los demás concejales.

P: ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo mides?

R: No se puede medir directamente, pero con el tiempo se notará en su comportamiento.

P: ¿Qué haces si no se notan cambios en un año?

R: Seguimos matando concejales hasta que cunda el miedo.

La serie diverge: no hay convergencia. El plan no puede ser compilado porque la variable “cuánto tiempo” y “cómo se mide” permanecen abiertas. El planificador se parece al sastre que grita “suéltame o te pincho” sin saber si la resistencia viene de un enemigo o de una zarza.

4.3. Zonas de decisión (verde, amarilla, roja)

A partir de estas dos preguntas podemos situar el plan en un espectro que funciona como dispositivo de navegación entre dos riesgos estructurales que atraviesan la teoría estratégica contemporánea. El primero es el del formalismo rígido: exigir una cadena causal perfectamente transitiva conduciría a la parálisis operativa, pues la fricción clausewitziana, la opacidad informativa y el holismo semántico hacen imposible eliminar por completo la interpretación y la incertidumbre. El segundo es el del relativismo hermenéutico: si toda justificación queda reducida a supuestos psicológicos no acotados, cualquier violencia puede legitimarse apelando a “efectos disuasorios” o “cambios de voluntad”, colapsando la distinción entre planificación racional y conjuro. El triaje de zonas no busca resolver esta tensión con un corte binario ni con un algoritmo universal, sino gestionarla mediante umbrales procedimentales explícitos. Estos umbrales no dependen del juicio discrecional del planificador, sino de la capacidad del protocolo para hacer visibles los truncamientos, acotar los plazos de espera, exigir respuestas por defecto. Así, el espectro se convierte en un instrumento de deliberación que evita tanto la parálisis analítica como la licencia operativa: el corte no se fija por decreto, sino que emerge procedimentalmente cuando el planificador acota un tiempo máximo de espera y especifica un token sometible a escrutinio que desbloquee la transición siguiente. Cumplida esta condición mínima de compilación, el protocolo impulsa toda la cadena hacia la zona verde. La profundidad recursiva del estratega —cuántos hiperónimos logra desglosar, cuántas jugadas contrafácticas anticipa en el tablero operativo— determina cuán “verde” resulta su posición zonal en un instante dado. No se persigue sino maximizar la transitabilidad causal disponible en el momento de la decisión. El triaje de zonas, así entendido, no clausura la deliberación en categorías fijas, sino que la dinamiza como un proceso continuo de normalización estratégica. A continuación se detallan sus tres zonas, entendidas como estados de robustez procedural, vale decir: como estados de compilación, bajo presión iterativa.

• Zona verde. El plan responde a la primera pregunta con una entrada procedimentalmente rastreable y acotada en el tiempo. Responde a la segunda pregunta mostrando convergencia tras pocas iteraciones. El plan es compilable. La acción se aproxima al polo a‑propósito. Ejemplo: destrucción de un nodo de comunicaciones militar, con inteligencia que confirma su función y un plazo de evaluabilidad de la degradación (horas).
• Zona roja. El plan no puede especificar una entrada escrutablemente acotada, o la cadena diverge bajo iteración. No es compilable. Cae en el régimen des‑propósito. La acción debe ser rechazada, no por un imperativo moral externo, sino porque su estructura lógica la condena a la espera indefinida. Ejemplo: matar concejales para “enviar un mensaje” sin plazo ni respuesta por defecto o bombardear zonas residenciales para “presionar a un gobierno” sin especificar cómo se traduce esa presión en una entrada procedimentalmente rastreable.
• Zona amarilla. Esta es la zona más interesante y la menos comprendida por los enfoques tradicionales. Un plan entra en zona amarilla cuando los hiperónimos que definen la entrada esperada —por ejemplo, “rendición”, “derrota”, “control del territorio”— no pueden ser definidos de una vez por todas sin abrir una regresión. Al hacer zoom in sobre ellos, se descubre que su significado depende a su vez de otros términos que también requieren definición, y así sucesivamente. El planificador se enfrenta a un problema de recursividad: para saber si el objetivo se ha alcanzado, necesita saber qué significa “rendición”, pero eso a su vez puede depender de factores como la legitimidad del gobierno que se rinde, el reconocimiento de la población o la persistencia de focos de resistencia no estatales.

• Un ejemplo histórico lo aclara. Durante la guerra de independencia española contra Napoleón, el gobierno central legítimo podía izar la bandera blanca y firmar la paz. Sin embargo, la población y las juntas populares podían deslegitimar esa rendición y continuar la resistencia armada. Entonces, ¿qué cuenta como “rendición” a efectos del plan de invasión? ¿El cese de hostilidades por parte del gobierno central? ¿El fin de toda resistencia cinética en el territorio? ¿La aceptación de la nueva autoridad por parte de la población? Cada respuesta abre una nueva cadena de dependencias. El planificador en zona amarilla no puede clausurar esta regresión mediante una definición que agote todos los casos posibles. Pero tampoco está obligado a abandonar el plan. Lo que debe hacer es aceptar un truncamiento provisional de la regresión, asumiendo explícitamente que su definición es una apuesta. Por ejemplo, puede definir “rendición” como “la bandera blanca izada por el gobierno central, con un plazo de una semana para que cese la resistencia organizada”. Sabe que este truncamiento puede ser una ilusión gramatical —la población puede no acatarlo, pueden surgir nuevas juntas—, pero en el contexto y el plazo fijados es operativamente suficiente. La zona amarilla exige, por tanto, dos condiciones. Primera, que el planificador explicite el truncamiento: señalar qué hiperónimo se define de qué modo, y reconocer que esa definición es una apuesta, no una verdad metafísica. Segunda, que el planificador prepare una respuesta por defecto para cuando la realidad muestre que el truncamiento era insostenible. En el ejemplo napoleónico, si tras la bandera blanca la población sigue resistiendo, la respuesta por defecto podría ser negociar con las juntas, cambiar la definición de “rendición” o replegarse. Un plan en zona amarilla no es ni claramente compilable (como el verde) ni claramente no compilable (como el rojo). Es compilable bajo condición: su validez depende de que el truncamiento provisional se mantenga dentro del plazo fijado. El torque adversarial debe aplicarse con especial intensidad en esta zona, no para eliminar la incertidumbre —imposible—, sino para convertirla en una apuesta gestionada y explícita. La legitimidad procedimental no exige clausurar la regresión, sino mostrar el trabajo que se ha hecho para acotarla y la preparación para cuando la realidad desmienta la apuesta.

Esta zonificación no es un algoritmo que produzca respuestas automáticas. Es un protocolo de deliberación que obliga al planificador a hacer explícito lo que de otro modo quedaría oculto en la retórica de la “magia simpática”. La zona roja no es infrecuente, es más, muchos planes de violencia política que se presentan como estrategia caen en ella cuando se los somete al torque. La honestidad del marco consiste en reconocer que ahí no hay estrategia, sino conjuro.

La zona amarilla encuentra su analogía más precisa en el ajedrez. En una partida no es posible ejecutar una jugada de principio a fin de antemano, pero el jugador competente sabe en todo momento qué «foto del tablero» exige reevaluar la estrategia, qué ramificación activa un procedimiento recursivo y cuál cierra una línea. Lo esencial no es tener el desenlace predeterminado, sino mantenerse aferrado a un hacer jugada racional y procedimentalmente correcto en cada turno.

Esta imagen disipa un malentendido frecuente: la compilación no es sinónimo de rigidez. La flexibilidad estratégica y la compilación no solo son compatibles, sino mutuamente necesarias. El torque adversarial es su mejor aliado, porque obliga a una focalización iterativa que mantiene la atención en el eslabón crítico y, al mismo tiempo, genera la pausa deliberativa necesaria para que el entorno aporte su token. Una vez recibido, ese token se compila de inmediato: se integra en la cadena, se comprueba su transitabilidad y se despliega el siguiente paso o el fallback correspondiente. Lejos de paralizar la acción, este ciclo evita la (ce)gue(r)ra táctica y la obcecación procedimental que convierte todo conflicto en un acto reflejo o en un guion cerrado. El estratega no adivina el final: compila el presente. Y al hacerlo, mantiene la capacidad de adaptar la forma normal en tiempo real, sin caer en el bucle del sastre ni en la ilusión del plan estático.

Para comprender por qué este protocolo no colapsa en paralisis, conviene precisarlo con un anclaje lógico. La arquitectura que sostiene el torque adversarial encuentra su reflejo formal en el teorema de eliminación de cortes de Gentzen

4.4. La forma normal estratégica y el teorema de eliminación de cortes

Esta arquitectura encuentra su reflejo exacto en el teorema de eliminación de cortes de Gentzen. En lógica Gentzen demostró que toda demostración puede reducirse a su forma normal. Una secuencia de pasos elementales donde cada regla introduce un conectivo y la regla dual lo elimina inmediatamente. Sin atajos. Sin supuestos ocultos. Sin invocaciones a un deus ex machina inferencial. La eliminación de cortes garantiza que la validez no dependa de saltos no justificados sino de la transitabilidad explícita de cada transición.

Lo que exigimos a un plan estratégico es análogo. El corte en la justificación bélica es el hiato causal. El salto interpretativo que conecta la violencia con el efecto político sin eslabones materiales. Decir "eliminamos el nodo A y B cederá" es introducir un atajo sin trazabilidad causal. Aplicar el torque adversarial es forzar la eliminación de ese corte. Desplegar la cadena completa. Explicitar condiciones. Acotar plazos. Definir respuestas por defecto. Un plan compilado no es otra cosa que la forma normal estratégica. Una secuencia donde cada transición está justificada internamente y ninguna depende de la hermenéutica ajena para mantenerse en pie.

Un plan que no admite eliminación de cortes no es simplemente arriesgado o incierto. Es estructuralmente inválido. Su ilegitimidad no proviene de un juicio moral externo ni de un cálculo de daños. Proviene de su propia arquitectura inferencial. Esto responde directamente a la objeción sobre indecidibilidad. No hay arbitrariedad en la criba porque hay un protocolo de normalización que distingue entre cadenas transitivas y atajos interpretativos. La legitimidad es en última instancia la capacidad de un plan para sostenerse en su forma normal bajo escrutinio iterativo. Donde el corte persiste la estrategia colapsa en conjuro.

Ahora bien, en el dominio estratégico los conceptos operativos —rendición, control, neutralización— son nodos de definición recursiva. Por eso la compilación no puede cerrarse de una vez, como en el teorema de Gentzen. La zona amarilla es precisamente el espacio donde el estratega debe aceptar truncamientos provisionales, pero exige que esos truncamientos tengan sostén procedimental. Definir “rendición” como “izar la bandera blanca” no puede ser una mera declaración en papel mojado; debe desbloquear una cadena de transiciones compilables: “ocupar el palacio”, “tomar los arsenales”, “disolver las unidades leales”. La bandera blanca es la entrada que activa el siguiente eslabón. Si ese siguiente eslabón no está especificado, o su definición remite a otra regresión no truncable, el plan se bloquea.

El estratega, por tanto, no puede detener el proceso de compilación. Como un tiburón, si deja de avanzar entra en un bucle sin salida. Cada paso ejecutado abre nuevas transiciones; cada definición aceptada provisionalmente debe tener su protocolo de desbloqueo o su fallback acotado. Detenerse a esperar una interpretación ajena sin respuesta por defecto es condenarse al bucle infinito del sastre. La forma normal de Gentzen funciona aquí como ideal regulativo, no como estado alcanzable. Pero la dirección de la marcha hacia una mayor compilabilidad y una menor dependencia de cierres no acotados es lo que distingue la estrategia racional del conjuro.

Sección 5. Redefinición de la legitimidad

Hasta ahora hemos construido una arquitectura conceptual que distingue dos regímenes de justificación estratégica, introduce el torque adversarial como protocolo de escrutinio ex ante y define la compilabilidad como criterio operativo. Falta dar el paso decisivo: re-de-fin-ir la legitimidad de la guerra y de los actos particulares de violencia en términos de esta arquitectura.

La tradición ha operado con tres criterios principales. 

• La intención subjetiva del agente (lo que se proponía hacer).
• La discriminación entre combatientes y no combatientes.
• La proporcionalidad entre el daño colateral y la ventaja militar concreta. 

Cada uno de estos criterios tiene méritos incuestionables, pero adolece de una limitación común: todos se aplican sobre una ontología estática del acto bélico, como si la legitimidad pudiera leerse directamente de la fotografía del evento, sus víctimas y las intenciones del autor.

Nuestra propuesta es diferente. La legitimidad no es una propiedad de la intención, ni de la selección de blancos, ni del balance de daños. Es una propiedad de la arquitectura causal del plan que precede a la ejecución. Un acto de guerra es legítimo si su justificación puede ser compilada en una máquina de estados finitos con condición de parada y si resiste el torque adversarial sin colapsar en un cierre interpretativo divergente.

5.1. Por qué la intención no es suficiente

La intención subjetiva ha sido un pilar de la ética de la guerra desde Agustín—aunque será Tomás de Aquino quien la explicite como condición necesaria— hasta el derecho internacional humanitario. Un acto es lícito si el agente no buscaba el daño civil intencionalmente, aunque este ocurra como efecto colateral. El problema es que la intención es inescrutable. No solo porque no podemos leer la mente del planificador, sino porque el propio planificador puede autoengañarse. Un general puede creer sinceramente que bombardea una fábrica armamentística, pero si la inteligencia que sostiene esa creencia es defectuosa, o si el efecto buscado depende de un cierre interpretativo no acotado, su buena intención no salva la estructura defectuosa del plan.

No hay estocada limpia desde el caballo si la lanza obedece al viento. El estratega que delega un eslabón causal al azar no ejecuta: apuesta. Y una apuesta, por muy sincera que sea, no es un plan lícito. Es quijotismo con buenas intenciones.

El torque adversarial no pregunta por lo que el planificador deseaba. Pregunta por lo que el plan puede demostrar antes de ejecutarse. La legitimidad en la transitabilidad de la cadena causal. Punto. Un plan con buenas intenciones que no puede ser compilado es estructuralmente inválido, aún más, moralmente ilegítimo, y ninguna declaración de intenciones lo rescata.

5.2. Más allá de la discriminación y la proporcionalidad

La discriminación entre combatientes y no combatientes es un aparente logro civilizatorio. Ya en Homero encontramos el anhelo de reducir el conflicto a un duelo singular entre campeones. En el primer canto de la Ilíada, se ofrece que Paris y Menelao diriman la guerra en solitario: si Paris cae, Troya devuelve a Helena y paga tributo, por el contrario, si Menelao cae, los aqueos se retiran. Esta aspiración no es una ingenuidad poética ni una mera cuestión de honorabilidad. Es la intuición profunda de que la guerra debe mantener abierta la posibilidad de un desenlace reversible. En el duelo, la violencia se concentra en unos pocos, y el resto del ejército no perece. La política puede reanudarse porque el conflicto no ha arrasado todas las condiciones de la convivencia futura.

La tradición de la guerra justa ha heredado esa intuición de forma desfigurada, convirtiéndola en una distinción entre combatientes y no combatientes presentada como un logro civilizatorio. Pero esa presentación es engañosa. La distinción no se funda en una supuesta mayor dignidad de la vida civil frente a la militar, ni en el carácter voluntario del alistamiento (muchos soldados son reclutados a la fuerza), ni en la inocencia del civil (la población civil puede sostener activamente el esfuerzo bélico). Se funda en una consideración pragmática y causal: para que una guerra pueda terminar en paz, es necesario que la violencia se concentre en aquellos elementos que sostienen la capacidad de combate del adversario. Un bebé no sostiene ninguna capacidad. Un soldado uniformado sí, pero no porque su vida valga menos moralmente, sino porque su eliminación puede degradar un nodo logístico o de mando.

El error de la tradición ha sido presentar esta convención operativa como si fuera una jerarquía moral intrínseca. Nuestro marco corrige ese error. La pregunta relevante no es “¿es combatiente o civil?”. La pregunta relevante es: “¿la eliminación de este objetivo degrada una capacidad cinética escrutable del adversario?”. Si la respuesta es afirmativa, el objetivo es relevante para la guerra a‑propósito, independientemente de su estatus formal. Si la respuesta es negativa, el objetivo no lo es, también independientemente de su estatus.

Esto no significa que cualquier civil pueda ser tratado como combatiente si se le atribuye una capacidad. La carga de la prueba recae sobre el planificador. Debe compilar la cadena causal que conecta la muerte de ese civil con la degradación de una capacidad. Por ejemplo, un civil que opera un radar militar o que guía fuego de artillería es un nodo causal relevante. Un civil que hace cola en el mercado, no. La diferencia no es moral, sino topológica: el primero está enlazado a una cadena de producción de violencia; el segundo no.

En cuanto a la proporcionalidad, ocurre otro tanto. No se trata de sopesar vidas como si fueran unidades intercambiables. Se trata de evaluar si la ventaja militar concreta que se espera obtener es compilable y si el daño colateral previsible (que siempre es trágico) es inevitable dado el plan. Un plan que causa daño colateral masivo puede ser legítimo si su cadena causal es compilable y su objetivo es la degradación de un nodo crítico (por ejemplo, un centro de mando desde el que se coordina una ofensiva). Un plan que causa daño colateral bajo pero cuya cadena causal se disuelve en un cierre divergente (por ejemplo, matar a un concejal para enviar un mensaje) es ilegítimo. Lo decisivo no es la cantidad de daño, sino la estructura de la justificación.

Así, el marco no elimina los principios de discriminación y proporcionalidad, pero los reinscribe en su lugar adecuado: como derivados de la exigencia de compilabilidad, no como fundamentos autónomos. La guerra a‑propósito no es una guerra más justa en el sentido de que distribuya mejor el sufrimiento sino porque es una guerra que mantiene abierta la posibilidad de la paz dado que su violencia se dirige contra lo que hace posible la continuación de la misma, no contra lo que solo sufre sus consecuencias. Como en el duelo homérico, se busca un desenlace que no queme todas las naves, que deje espacio para la política después de la batalla.

5.3. La legitimidad como propiedad procedimental

La tesis central de esta sección puede formularse así: un acto de guerra es legítimo si y solo si puede ser sometido a torque adversarial sin que su cadena causal colapse en un cierre divergente. Dicho de otro modo, la legitimidad es la capacidad de un plan para mantenerse en pie bajo escrutinio iterativo.

Esta definición tiene varias consecuencias importantes.

• Primera, desplaza la pregunta de la intencionalidad subjetiva a la inteligibilidad objetiva. No importa tanto lo que el agente pretendía, sino si su plan puede ser comunicado, evaluado y acotado por terceros antes de la ejecución. Un plan compilable es uno que cualquier observador con la misma información podría, en principio, reconocer como transitivo.
• Segunda, introduce un elemento temporal en la legitimidad. Un plan no es legítimo de una vez por todas. Debe ser recompilado a medida que avanza la ejecución y que cambia el entorno. La legitimidad es un proceso, no un estado. El estratega que actúa en zona amarilla no tiene garantías, pero mantiene abierta la posibilidad de corregir su rumbo porque su plan contiene plazos y respuestas por defecto. El terrorista que opera en zona roja, en cambio, no tiene criterio para saber si su acción ha funcionado o ha fracasado, y por tanto no puede aprender ni adaptarse.
• Tercera, conecta la legitimidad con la responsabilidad por la estructura, no solo por las consecuencias. Un planificador es responsable no solo de lo que ocurrió, sino de la forma lógica de su plan. Si presentó un plan no compilable como si lo fuera, incurre en una negligencia estructural independientemente del resultado. Esa negligencia es anterior a cualquier daño causado.

5.4. Conclusión de la sección

Hemos recorrido un camino que va desde la crítica de la intención subjetiva hasta la desactivación de la distinción combatiente/civil como falso fundamento moral. En cada paso, el criterio rector ha sido el mismo: la legitimidad no es una propiedad de la conciencia del agente ni del estatus ontológico de la víctima. Es una propiedad de la compilabilidad del plan.

Un plan es legítimo si puede ser traducido a una máquina de estados finitos con condición de parada. Si especifica qué entrada espera, en qué plazo, y qué hacer si la entrada no llega. Si su cadena causal puede ser recorrida paso a paso sin depender de interpretaciones ajenas no acotadas. Si resiste el torque adversarial sin colapsar en un cierre divergente.

Esta redefinición no resuelve todos los problemas de la ética de la guerra, pero los reubica en un terreno más fértil. En lugar de preguntar eternamente si la intención era buena o si el daño fue proporcional, podemos preguntar algo más concreto: ¿puede este plan ser ejecutado sin convertirse en un conjuro? ¿Tiene luz del alba? ¿Sabe el planificador cuándo ha fracasado y qué hacer entonces?

Donde la respuesta es afirmativa, la acción se habilita —no porque sea moralmente incuestionable, sino porque ha superado la prueba de transitabilidad que distingue la estrategia de la magia simpática. Donde la respuesta es negativa, la acción debe ser rechazada, no en virtud de un mandato e imperativo moral externo y descontextualizado, sino porque su propia estructura lógica la condena a la espera indefinida o al salto de fe.

En la siguiente sección aplicaremos este marco a casos concretos y responderemos a las objeciones que un lector atento podría plantear. El objetivo es mostrar cómo el torque adversarial puede convertirse en una herramienta de deliberación práctica para quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre la vida y la muerte en el fragor de la guerra.

Sección 6. Aplicaciones y respuestas a objeciones 

En esta sección aplicamos el marco a cuatro tipos de objetivo que suelen ser controvertidos en la doctrina militar y en el derecho internacional humanitario. Para cada caso, recorremos las preguntas de torque, evaluamos la compilabilidad y situaremos la acción en la zona correspondiente. Después respondemos a las objeciones más frecuentes contra el enfoque propuesto.

6.1. Infraestructura dual

Una central eléctrica que alimenta tanto una fábrica de municiones (uso militar) como un hospital civil (uso civil) es un ejemplo clásico de objetivo dual. La pregunta de degradación material tiene respuesta clara: destruir la subestación que alimenta la fábrica reduce la producción de proyectiles. El planificador puede especificar la entrada procedimentalmente rastreable (la interrupción del suministro eléctrico a la fábrica) y un plazo (horas, hasta que los sensores confirmen la caída de tensión). La respuesta por defecto, si la interrupción no se logra, puede ser un segundo ataque o el abandono del objetivo.

El problema surge cuando la justificación añade un eslabón interpretativo: por ejemplo, que el sufrimiento de la población civil por el apagón presionará al gobierno enemigo a negociar. Ese eslabón no es compilable a menos que se acote en tiempo y se defina una respuesta por defecto. Si el planificador demuestra que la ventaja militar concreta (reducción de producción) es suficiente por sí misma para justificar el ataque, el eslabón interpretativo es accesorio y el plan se mantiene en zona verde o amarilla baja. Si la justificación depende crucialmente de ese eslabón, el plan entra en zona roja.

6.2. Eliminación de liderazgo

Matar a un comandante enemigo puede tener dos cadenas causales distintas. La primera es cinemática: la muerte del comandante interrumpe la cadena de mando durante un tiempo sometible a escrutinio, desorganiza las unidades subordinadas y genera una ventaja táctica medible. Esta cadena es compilable si se especifican plazos (por ejemplo, 48 horas de confusión) y respuestas por defecto (aprovechar la desorganización para avanzar, o retirarse si el reemplazo es inmediato).

La segunda cadena es simbólica: la muerte del comandante envía un mensaje de que nadie está seguro, que la lucha es inútil, que la moral se quebrará. Esta cadena es problemática. ¿Cuánto tiempo debe esperarse para que el mensaje surta efecto? ¿Cómo se mide la quebradura de la moral? ¿Qué se hace si el adversario no se desmoraliza? Si el planificador no puede responder a estas preguntas con plazos y respuestas por defecto, el plan cae en zona roja. La legitimidad no se deriva de la importancia del líder, sino de la estructura de la justificación.

6.3. Medios de comunicación

Una antena de radio o televisión puede tener usos militares (coordinar tropas) y civiles (informar a la población). La pregunta de degradación material se responde si se demuestra que la antena es usada por el mando enemigo. La entrada rastreable es la pérdida de la señal de mando. El plazo es inmediato o de horas. La respuesta por defecto puede ser el seguimiento de frecuencias alternativas.

Pero a menudo la justificación es diferente: se alega que silenciar la narrativa enemiga cambiará la opinión pública y forzará al gobierno a rendirse. Esa cadena no es compilable. ¿Cuánto tiempo tarda un cambio de opinión pública? ¿Cómo se mide? ¿Qué se hace si la opinión pública se radicaliza en lugar de rendirse? Sin respuestas a estas preguntas, el plan se aproxima al des‑propósito. Nuestro marco no prohíbe atacar medios de comunicación, pero exige que la cadena causal sea compilable. Si la justificación principal es simbólica, el plan debe ser rechazado o relegado a zona roja.

6.4. Zonas residenciales

Atacar una zona residencial solo puede justificarse si alberga un objetivo militar compilable cuya eliminación produzca una ventaja escrutable. El problema es que, incluso en ese caso, el daño colateral es masivo y la cadena causal debe ser examinada con especial rigor. La pregunta de dependencia interpretativa es crucial aquí: si la justificación invoca explícita o implícitamente “enviar un mensaje” o “generar presión política”, el plan entra directamente en zona roja. Porque esos efectos dependen de la interpretación del adversario y no admiten una condición de parada clara.

6.5. Respuestas a objeciones

Recogemos ahora las objeciones que antes estaban en la sección 5 y las respondemos de manera concentrada.

Objeción 1. Todo plan depende de interpretaciones. Su marco es impracticable.
No se exige eliminar toda interpretación, sino acotarla. La compilabilidad no requiere certeza metafísica, sino truncamientos operativos con plazo y respuesta por defecto. El marco no exige eliminar la interpretación, sino acotarla proceduralmente. El torque adversarial fuerza al planificador a explicitar dónde entra la interpretación ajena, cuánto tiempo se le concede y qué hacer si no ocurre. Si la interpretación puede traducirse a un token procedimentalmente rastreable con timeout y fallback, el plan pasa a zona verde/amarilla. Si el éxito depende de que el adversario “complete el sentido” sin horizonte ni salida por defecto, diverge y cae en zona roja. El sastre no pudo compilar su plan porque no tenía plazo ni respuesta por defecto, no porque hubiera interpretación.

Objeción 2. En la guerra real, la incertidumbre es radical. No se pueden especificar plazos ni respuestas por defecto para todo.
La incertidumbre radical es el terreno operativo, no una excusa para renunciar a la arquitectura causal. Si no se puede especificar un plazo, el plan no está listo para ejecutarse. Quizá la acción no debe realizarse. O quizá debe realizarse asumiendo que se entra en zona roja, pero entonces se debe reconocer que se opera en el régimen del conjuro, no en el de la estrategia. La luz del alba debe estar ya en el plan como condición de parada. La legitimidad procedimental no exige clausurar la regresión, sino mostrar el trabajo que se ha hecho para acotarla.

Objeción 3. El marco es formalista y no resuelve dilemas trágicos.
No pretende resolverlos, sino disciplinarlos. Un dilema trágico es aquel donde dos planes son imperfectos. El marco no dice cuál elegir, pero dice que cualquiera que sea elegido debe ser compilable. Si ambos son incomparables en sus consecuencias, al menos que uno sea estructuralmente sólido y el otro no. La tragedia no desaparece, pero la deliberación se vuelve más transparente. Aún más: un plan trágico mas compilable mantiene abierta la puerta a la corrección y a la paz posterior , no obstante, un plan trágico y no compilable quema la racionalidad compartida y clausura toda política.

Objeción 4. La compilabilidad es una metáfora informática inadecuada.
No es una metáfora. Su raíz está en el teorema de eliminación de cortes de Gentzen, que pertenece a la teoría de la demostración, no a la ingeniería de software. Lo que se pide es que la cadena causal no contenga saltos no justificados. Eso es anterior a cualquier analogía técnica.

Objeción 5. Su marco dejaría fuera acciones históricamente efectivas, como la guerra psicológica de Gengis Khan.
El marco no juzga la eficacia histórica, sino la compilabilidad ex ante. El marco no rechaza lo psicológico per se; rechaza lo no acotado. Gengis Khan podía compilar su amenaza porque tenía un plazo (la llegada de sus tropas) y una respuesta por defecto (el asalto). En eso se diferencia de ETA o de Al‑Qaeda, que no tenían condición de parada. No obstante, si una acción histórica fue eficaz, eso no la vuelve compilable en caso de que su justificación dependiera de una interpretación ajena no acotada. El marco distingue entre efectividad táctica y legitimidad estructural. Una acción puede ser históricamente eficaz pero estructuralmente defectuosa si depende de un cierre divergente. Aquí evaluamos la forma lógica de la justificación, no el resultado empírico aislado. En última instancia, el marco prefiere la honestidad estructural al éxito contingente.

6.6. Conclusión de la sección

Las aplicaciones muestran que el marco no es una abstracción vacía. Permite discriminar entre acciones que suelen ser confundidas por los enfoques tradicionales. Un sabotaje de la resistencia francesa puede ser compilable, mientras que un asesinato selectivo en el mismo contexto puede no serlo. La legitimidad no se transfiere de la causa a los métodos. Las objeciones, por su parte, revelan que el marco no es ni impracticable ni formalista, sino que exige un nivel de explicitación que la tradición ha eludido.

En la conclusión general del paper retomaremos los hilos principales y mostraremos cómo esta arquitectura de la legitimidad procedimental puede integrarse en la doctrina militar y en el derecho internacional humanitario.

Sección 7. Conclusión general 

Hemos recorrido un largo camino que comenzó con una insatisfacción profunda ante los criterios tradicionales de la guerra justa. La intención subjetiva, la discriminación entre combatientes y civiles y la proporcionalidad entre daño y ventaja militar son herramientas valiosas, pero todas ellas operan sobre una ontología estática del acto bélico. Tratan la violencia como un evento instantáneo cuyas consecuencias pueden ser pesadas después de ejecutado. No preguntan lo que, sin embargo, es la pregunta estratégica por excelencia: ¿cómo se conecta causalmente la acción con el efecto deseado? ¿Es esa conexión transitiva y procedimentalmente rastreable, o depende de un salto interpretativo que el planificador no puede prever?

Hemos propuesto responder a esa pregunta mediante una distinción fundamental entre dos regímenes de justificación. La guerra a‑propósito es aquella cuya cadena causal puede recorrerse paso a paso, donde cada eslabón es acotadamente escrutable, los plazos están acotados y existe una respuesta por defecto ante la ausencia de la entrada esperada. La guerra des‑propósito, en cambio, introduce un hiato causal que solo puede salvarse apelando a la interpretación del adversario de un modo no acotado. Su estructura es la del conjuro, no la de la estrategia. Esta oposición no es binaria, sino gradual: mide la resistencia de la cadena bajo presión interrogativa.

La distinción, por tanto, no es ontológica sino procedimental. No pregunta “¿qué es esto?” sino “¿cuánto torque adversarial puede soportar esta justificación antes de colapsar?”. El torque adversarial es el protocolo que aplica iterativamente dos preguntas: ¿qué entrada esperas? y ¿la incertidumbre se reduce o se amplía bajo escrutinio? La compilabilidad del plan —su capacidad de ser traducido a una máquina de estados finitos con condición de parada— se convierte así en el criterio operativo de legitimidad. La compilabilidad no es un sello estático, sino una condición que debe sostenerse y, en su caso, recompilarse durante la fricción operativa.

La fábula del sastre y la zarza, tomada de la tradición oral de Sanabria, ha sido nuestra herramienta didáctica para mostrar el problema de la condición de parada. El sastre grita toda la noche amenazando a una zarza porque no puede distinguir entre un adversario real y una planta. No tiene tiempo límite ni respuesta por defecto. El planificador que mata para “enviar un mensaje”, sin plazo ni criterio de éxito, ejecuta la misma lógica. No importa la justicia de su causa: su plan es estructuralmente defectuoso.

Hemos aplicado este marco a casos históricos paradigmáticos para mostrar que discrimina donde los enfoques tradicionales embarran. Un sabotaje de la resistencia francesa puede ser a‑propósito; el asesinato de un oficial en el mismo contexto puede no serlo. La legitimidad no se transfiere de la causa a los métodos. La guerra psicológica de Gengis Khan podía ser compilable porque tenía un plazo (la llegada de sus tropas) y una respuesta por defecto (el asalto). La campaña de ETA, en cambio, no tenía ni lo uno ni lo otro. La diferencia no está en la maldad subjetiva, sino en la arquitectura causal.

Hemos introducido también la zona amarilla, donde los hiperónimos como “rendición” abren una regresión de definiciones. El planificador no puede clausurarla de una vez, pero debe truncarla provisionalmente, explicitando la apuesta y preparando una respuesta por defecto para cuando la realidad desmienta el truncamiento. La zona amarilla es el espacio genuino de la deliberación trágica, donde el marco no ofrece certezas pero disciplina la decisión.

Finalmente, hemos redefinido la legitimidad. Un acto de guerra es legítimo en función de su capacidad para ser compilado en una máquina de estados finitos con condición de parada. La legitimidad no es una propiedad de la intención ni del resultado, sino de la forma lógica del plan. El planificador es responsable no solo de lo que ocurre, sino de la estructura que presenta antes de ejecutar. La buena intención no salva un plan no compilable, como un programa con errores de sintaxis no se ejecuta aunque el programador tuviera las mejores intenciones.

Este marco tiene implicaciones prácticas para la doctrina militar y el derecho internacional humanitario. Exige que los procesos de autorización de ataques incluyan una fase de torque adversarial explícita. Los comités de revisión deben preguntar no solo por la proporcionalidad, sino por la compilabilidad. Deben rechazar planes que dependan de cierres interpretativos sin condición de parada, aunque el blanco sea técnicamente militar y la intención sea pura. No sustituye la proporcionalidad ni la distinción, sino que opera como filtro previo de admisibilidad estructural que el DIH podría incorporar sin alterar sus principios fundacionales.

Reconocemos las limitaciones del marco. No elimina la incertidumbre radical de la guerra. No resuelve los dilemas trágicos donde cualquier opción causa daño. No puede automatizar la decisión. Pero transforma la deliberación: en lugar de vagas invocaciones a la desmoralización enemiga o a la presión política, exige concreción, plazos, respuestas por defecto. Donde no puede darlas, obliga a reconocer que la violencia no es estrategia, sino un acto de fe.

La guerra justa, así entendida, no es la que se hace con buenas intenciones o con el corazón puro. Es la que se hace con planes que resisten el torque adversarial sin colapsar en conjuro. Es la que mantiene abierta la posibilidad de la paz porque su violencia se dirige contra lo que sostiene la guerra, no contra lo que solo la sufre. Es la que sabe cuándo ha fracasado y qué hacer entonces. Es la que incorpora la luz del alba como condición de parada, no como contingencia externa. En un mundo donde los vecinos siempre están ahí, donde las armas pueden aniquilar civilizaciones enteras, esta disciplina de la transitabilidad causal no es un lujo académico. Es una condición de supervivencia. La paz no es un milagro: es la capacidad de dos adversarios de reconocer que sus cadenas causales pueden truncarse sin que ninguno tenga que rendirse por un salto de fe. El torque adversarial no garantiza ese reconocimiento, pero lo hace posible. Y eso, en el fragor de la guerra, es ya una ganancia inestimable.

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